Justicia climática agraria: Desafios para el nuevo gobierno de Petro/Márquez en Colombia

Por Itayosara Rojas* y Darío Fajardo**

-Texto original en inglés traducido por Itayosara Rojas-

¿Cómo se puede democratizar radicalmente el acceso y el control de la tierra y los recursos asociados (agua, bosques, minerales) en Colombia, rompiendo de manera decisiva con el patrón pasado de fracasos totales junto con focos parciales de victorias, ya sea en el contexto de las perspectivas clásicas agrarias, o contemporáneas de justicia social y ambiental? Estas difíciles preguntas políticas constituyen algunos de los retos que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez (Márquez es Premio Ambiental Goldman 2018). Por primera vez en la historia, una coalición de centro-izquierda en Colombia logra llegar a la presidencia, con una importante representación en el Congreso. Esta coalición incluye movimientos sociales como el movimiento afrodescendiente (al que pertenece la vicepresidenta electa), movimientos indígenas y campesinos, y otros sectores de la izquierda colombiana.

La tierra y las cuestiones agrarias siguen en el centro de los problemas sociales contemporáneos en Colombia. Históricamente, la política de tierras ha sido muy disputada, siendo una de las causas de la violencia durante gran parte del siglo pasado y continuando hasta el actual. Persiste el alto grado de desigualdad en la propiedad de la tierra: el 81% de los propietarios cultiva el 5% del área total de producción en predios con menos de 10 ha, mientras que el 0,1% de los propietarios controla el 60% del área total de producción en predios de más de 2.000 ha (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2016). Esta situación se vuelve más compleja si se tiene en cuenta el vínculo entre el problema agrario y el narcotráfico en el país.

El programa de gobierno que llevó a Petro y Márquez al centro del poder político busca «restablecer el equilibrio productivo entre la sociedad y el medio ambiente con justicia social» (Pacto Histórico 2022:13). Este programa da prioridad a las políticas de justicia climática, que incluyen las políticas agrarias y de tierras. Hasta ahora, las políticas medioambientales y agrarias tienden a ser tratadas no sólo por separado, sino también dentro de la lógica neoliberal y extractivista del capitalismo global.  Para liberarse de la lógica dominante de la acumulación capitalista extractivista y de las estrategias dominantes de adaptación y mitigación del cambio climático que han afectado a los habitantes del campo, a la naturaleza y especialmente a los ecosistemas frágiles, en última instancia el gobierno de Petro y Márquez tendrá que enfrentar difíciles desafíos que son a la vez clásicos y contemporáneos, de carácter agrario y ecológico. Algunos de estos desafíos, por separado y en conjunto, pueden ser vistos a través de la idea normativa de «justicia climática agraria«, que puede hacer alguna modesta contribución al esfuerzo general del gobierno de Petro/Márquez en la democratización de la sociedad colombiana en su conjunto.

La idea de la justicia climática agraria vincula la búsqueda de la justicia agraria y la justicia climática. El reto es enorme. Perseguir la justicia agraria es ya una tarea muy difícil. Recordemos que la demanda histórica de justicia agraria en Colombia nunca ha sido atendida de manera significativa; por el contrario, como argumenta Darío Fajardo (1996) se priorizó la colonización guiada sobre la redistribución de las tierras fértiles de los valles interandinos. La sustitución de la reforma agraria por la colonización fuera de la frontera agrícola propició, en parte, la aparición de los cultivos ilícitos, que requerían tierras de muy bajo costo y mano de obra barata (Fajardo 2014).  

¿Lograr la justicia climática? Podría resultar igual de difícil. La estrategia de desarrollo extractivista de los gobiernos anteriores para hacer frente a la crisis climática se ha centrado en la expansión de la lógica neoliberal mediante, entre otras cosas, el apoyo a la producción de biocombustibles (para la producción en nombre de los biocombustibles, independientemente de que se produzcan realmente biocombustibles o no; es decir, muchos de estos proyectos son de naturaleza especulativa y oportunista), y el fortalecimiento de la agroindustria, incluido el cultivo de la palma aceitera, como se demuestra en los estudios de Girón y Mahecha (2015) y Marin-Burgos y Clancy (2017). Las políticas ambientales y de cambio climático han servido más para consolidar el control de la tierra por parte de ciertos grupos sociales y los imperativos de acumulación de capital, que los principios de justicia climática, como los conceptos y prácticas problemáticas en la conservación de los bosques y los parques nacionales (Ojeda 2014).

La agenda de reformas sociales profundas propuesta por el nuevo gobierno se enmarca generalmente en una forma que habla directamente de la noción de «justicia climática agraria», y creemos que es la forma correcta. Pero llevar a cabo la justicia agraria o la justicia climática ya es extremadamente difícil; llevar a cabo las dos, fusionadas, es aún más difícil. A menudo, las fuerzas sociales que se oponen a las reformas sociales profundas pueden utilizar también las nociones de justicia agraria y justicia climática para dividir y conquistar a la gente. Por ello, es aún más importante perseguir ambos conceptos como uno solo, siempre. Perseguir algo menos que la justicia climática agraria no es una opción para el gobierno de Petro/Márquez.

A un nivel más práctico, la agenda de la justicia climática agraria puede enmarcarse y operacionalizarse a través de un marco de 5Rs: Redistribución, Reconocimiento, Restitución, Regeneración y Resistencia. No se trata de una lista de comprobación de una lista de deseos; más bien, el reto es cómo perseguir las cinco de forma integrada, y no de forma sectorial como se ha intentado en el pasado, en Colombia y en otros lugares.

La Redistribución de la tierra es una necesidad urgente para el país con la distribución de la tierra más desigual de la región latinoamericana (Economía Portafolio 2017), esta desigualdad  se ha profundizado en las últimas dos décadas (Ibáñez y Muñoz 2012; Pachón Ariza 2021; Suescún 2011). La redistribución de la tierra también requiere el Reconocimiento de los derechos a la tierra de diversos grupos sociales, entre ellos los Pueblos Indígenas y  Afrodescendientes. Este Reconocimiento debe considerar las diversas formas de relación con el territorio, la naturaleza y los recursos que van más allá de la lógica de la propiedad privada y el mercado. Debe considerar las tradiciones, sabidurías y conocimientos ancestrales de las comunidades rurales que han sido marginadas y excluidas en Colombia durante 200 años de vida republicana. Teniendo en cuenta los efectos e impactos del conflicto armado en las poblaciones rurales, incluyendo el acaparamiento de tierras de al menos 6,6 millones de hectáreas a en el marco del conflicto (Garay Salamanca et al. 2011), es necesario restituir el acceso a la tierra que fue despojada, pero aún más importante es restituir no sólo los derechos individuales sino también los colectivos de las comunidades rurales afectadas para permitir su reconstrucción. El modelo de desarrollo rural y las prácticas productivas que hasta ahora se han impuesto en el campo colombiano han afectado la calidad de los suelos y han roto los flujos agroecológicos, especialmente en ecosistemas geoestratégicos como la Amazonia (Rojas 2022) y la Orinoquia (Arango 2021). Esto implica la necesidad de regenerar los suelos, los bosques y los ríos afectados por formas insostenibles de producción. Así, la Regeneración ecológica y económica se convierten en imperativos para la transformación del campo y el logro de la justicia social y ambiental. Las prácticas agroecológicas del movimiento campesino y agrario pueden ser útiles para la Regeneración ecológica y económica. La Redistribución, el Reconocimiento y la Regeneración de la tierra y los suelos para ser llevados a cabo requieren de una Resistencia contra el avance de la concentración de la propiedad de la tierra y las prácticas de producción agroexportadoras que afectan a las comunidades rurales y sus entornos, así como contra los procesos políticos y las instituciones que conducen a una mayor explotación y opresión de las y los trabajadores.

La actual coyuntura política ofrece una posibilidad excepcional de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación social estructural que puede ser profundamente democrático. Una parte modesta pero significativa de esta transformación puede estar guiada por algunos elementos del concepto normativo de «justicia climática agraria» como eje articulador de las luchas agrarias que se vienen desarrollando en el país desde los años 20 del siglo pasado junto con las más recientes luchas ambientales y climáticas por el mantenimiento de la biodiversidad y la reproducción de la vida, tal como se expresa en el programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Los retos son enormes, el camino por delante es pedregoso y cuesta arriba, y los resultados a los que se aspira no están asegurados ni predeterminados -especialmente porque la narrativa global hegemónica de la política de tierras se opone fundamentalmente a la noción de justicia climática agraria- y esto se refleja significativamente en las realidades políticas colombianas. Pero una cosa es segura: el movimiento social colombiano organizado por la justicia social seguirá comprometido a impulsar estas profundas reformas sociales, y esta vez cuentan con aliados cruciales dentro del gobierno central.

Referencias

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Itayosara Rojas* es investigadora de doctorado en el Instituto Internacional de Estudios Sociales (ISS), Universidad Erasmus de Rotterdam, e investigadora visitante en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes. Forma parte del proyecto de investigación «Commodity & Land Rushes and Regimes: Reshaping Five Spheres of Global Social Life (RRUSHES-5)».

Darío Fajardo** es profesor de la Universidad Externado de Colombia, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, miembro distinguido de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Se desempeñó como asesor de la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas y fue director del SINCHI (Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas) entre 1990 y 1996. Fue uno de los principales promotores de las Reservas Campesinas.